Declaración Pública frente al proyecto de ley relativo a la niñez

  1. Reconocemos el valor que tiene el que la Presidenta de la República, haya honrado la promesa del Programa de Gobierno, al ingresar a la Comisión de Familia de la Cámara el proyecto “Ley de sistema de garantías de los derechos de la niñez”. Saludamos lo declarado por la Presidenta en su Mensaje, respecto a que “Se trata de una ley de garantías”, a la cual le seguirá prontamente el proyecto de ley que creará el Defensor de la Niñez. Especial valor le concedemos a la incorporación explícita del Título II sobre “Principios, derechos y garantías” en dicho proyecto.
  1. Reconociendo lo anterior, queremos dejar de manifiesto nuestra preocupación por algunos contenidos del texto ingresado, en especial los referidos a: el no reconocimiento de que los órganos de la administración del Estado son GARANTES de derechos; la insistente reiteración de que todo lo planteado en el proyecto está sujeto a la disponibilidad presupuestaria, sin siquiera asumir que la actual inversión en infancia es extremadamente insuficiente y precaria, y la falta de valoración del rol de la sociedad civil y de la participación de los niños y niñas.
  1. Por otra parte, nos preocupa profundamente que se haya realizado una re-elaboración del Principio de Efectividad y Prioridad de la Convención sobre los derechos del niño, adecuando y relativizando desde allí gran parte de los contenidos del articulado del proyecto de ley ingresado.
  1. Al mismo tiempo, no deja de llamar la atención que siendo la sociedad civil organizada la principal impulsora de la protección administrativa en los territorios, sobre la cual hicimos propuestas concretas en el proceso de elaboración del proyecto de ley, buscando resolver uno de los más graves vacíos de nuestra legalidad e institucionalidad en infancia, lo que encontramos en el proyecto presentado carece de normas, procedimientos, estructuras territoriales, medidas, participantes, roles, límites, reconocimiento del derecho de participación, mecanismo de objeción, entre otros, dejando un pronunciamiento ambiguo en la futura Subsecretaría de la Niñez. Por tanto, lo que se esboza en él resulta completamente insuficiente, para llegar a configurar un sistema que permita que los derechos de la niñez se hagan realidad en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes
  1. Lo anterior, nos lleva al convencimiento de que este proyecto de ley no se encuentra aún dentro de los estándares de derechos humanos de la niñez, refrendados en la Convención sobre los derechos del niño y en otros instrumentos internacionales. Por lo mismo, estamos conscientes de que al mundo parlamentario y al Ejecutivo, les queda aún un arduo trabajo por hacer, en función de mejorar el proyecto presentado, a lo cual la Sociedad Civil hará los aportes necesarios para que esta ley sea realmente una ley de Garantías de Derechos de niños, niñas y adolescentes.
  1. Esperando que la sociedad civil sea escuchada, reafirmamos nuestra disposición y compromiso, para que el país cuente con una ley que responda a los derechos de la infancia, terminando así con los 25 años de deuda que tenemos con niños, niñas y adolescentes.

VOCEROS
Francis Valverde,
Delia Del Gatto,
Nury Gajardo,
Andrés Beroggi,
José Andrés Murillo

CONSEJEROS SOCIEDAD CIVIL
Ximena Calcagni,
David Órdenes

Comments(3)

  1. Josue Albert Ormazabal Morales says

    Respecto al particular, primero quiero felicitarlos por el excelente trabajo que realizan por la promoción y defensa de los derechos de la infancia, pues claramente, todas las manos cuentan, este es un trabajo país que nos concierne a todos.

    Al respecto del proyecto del gobierno, sobre la Ley de Garantías de Derechos de la Infancia. Quisiera comentarles mi opinión como abogado de D.D.H.H. de la Infancia. En primer termino y atendida mi experiencia en la litigacion en Familia, y en especial, en causas por medidas de protección, quisiera citar lo dicho por el profesor Michele Taruffo, quien en su obra “La Prueba” Artículos y Conferencias, reconoce la existencia de un fenómeno generalizado, en muchos ordenamientos jurídicos, que el llama “La crisis de coherencia y funcionalidad de la Ley Procesal” la primera relativa a la falta de unidad y orden de las distintas leyes que componen un determinado sistema procesal, y la segunda; a la falta de efectividad del sistema procesal como medio para resolver conflictos. Defectos que no solo podemos constatar en nuestro propio sistema procesal y en particular en la gestión de los Tribunales de Familia. Sino que en general, en el sistema Judicial Chileno, lo que hace imprescindible una revisión acuciosa de los procedimientos y en particular de mecanismos eficientes para poner remedio a los agravios que actualmente se están produciendo a los ciudadanos y en particular a los niños chilenos par la falta de un debido proceso.

    En segundo lugar, agrava esta situación el hecho de que, en materia de protección infantil aun coexisten en Chile, las doctrinas de la situación irregular, que es la que concibe al niño desde un punto de vista meramente asistencial, es decir concebido como un ser humano deficitario y objeto de protección. Y la de La Protección Integral, que lo entiende como un sujeto de derechos, con todo lo que ello implica.

    Tercero, que; siendo el principio del interés superior del menor, una noción abstracta, esta necesariamente, para ser aplicada a un caso particular, debe ser interpretada por los distintos operadores del derecho intervinientes en el respectivo procedimiento. Así mientras para unos, este principio sirve de fundamento para la adopción de medidas que bien pueden ser concebidas como antidemotracitas y constitutivas de violación a los D.D.H.H. de la infancia. Para otros en cambio, exige un esfuerzo consciente, por determinar en base un razonado procedimiento y enfoque multidisciplinario, cual de las distintas alternativas de solución posible en un caso particular, refleja de mejor manera, las necesidades particulares de ese niño, como individuo.

    Por todo lo cual, en mi humilde opinión, mientras los operadores del derechos ya sea en sede administrativa o judicial no reciban capacitación adecuada sobre nueva lógica jurídica propia del derecho internacional de protección de menores, seguirán operando en base a sus propios sistemas de creencias personales, lo que claramente, hará absolutamente ineficaz la reforma legal que se pretende por parte del Gobierno.

    Ademas y adicionalmente, mientras la legislación no comprenda, la obligación de motivar el fallo en base a esta nueva lógica jurídica y la implementacion de un sistema de determinación de medidas reparatorias idoneas para remediar los errores que pudieran producirse en la aplicación de decisiones que alteren negativamente la vida de un niño, niña o adolescente. Así como, la posibilidad de aplicar sanciones a los funcionarios que hayan influido en la generación de dichos perjuicios, y la garantía del debido acceso a la justicia a través de un defensa Jurídica adecuada por profesionales especializados en el área, los asuntos de familia seguirán estando expuestos a la arbitrariedad de los funcionarios intervinientes.

    Al respecto véase la obra.” Los derechos del Niño en la Familia, Discurso y Realidad” C.P.Grosman.- Editorial Universidad.-Buenos Aires, Argentina. 1ª Edición 1998.

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