¿Inversión o gasto público en infancia?

Alejandra Riveros, Abogada del comité legislativo del Bloque por la Infancia

Se discute si desde un punto de vista de los derechos de los niños y niñas, el gasto del Estado en políticas de infancia es gasto o inversión pública. Argumentos a favor de una u otra consideración existen en abundancia: para unos se trata de un pasivo, de un gasto similar al de la seguridad social, que financian los ciudadanos con sus impuestos. Para otros, es una inversión en recursos humanos que favorece el desarrollo económico, financiada igualmente con impuestos. Como se trata de recursos que provienen de los ciudadanos, son estos los llamados a pronunciarse, y no solo para determinar si se trata de inversión o de gasto público, sino mejor que eso, respecto de cuál es el volumen y el tipo de recursos que como sociedad queremos que estén disponibles para garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños (as).

No deja de ser importante la discusión sobre el rol que el propio Estado se asigna. Si es un rol subsidiario -como sucede en el caso de Chile y como se menciona en el proyecto de ley de garantías-, o un rol orientado a promover el desarrollo social. Esta diferencia importa a la hora de evaluar cuál de las opciones representa mejor el rol garante que el Estado debe desempeñar en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Si bien, ningún derecho es superior en jerarquía a otro, creemos necesario enfatizar que el Estado ha de relevar el apoyo a las familias para que desarrollen adecuadamente sus labores de cuidado, así como para asegurar el goce efectivo del derecho del niño o niña a vivir en su familia y a ser cuidado por esta. Cara y contracara de una tarea social que, puede constituir una buena base para afianzar la realización de los demás derechos. Por otra parte, la sociedad civil ha de velar porque el Estado asigne la mayor cantidad de recursos públicos en la promoción y aseguramiento de los derechos y resguardar porque el gasto (o la inversión) se traduzca en un uso eficaz, es decir, que produzca resultados y que este gasto sea siempre incremental, y al máximo de las posibilidades disponibles. También es necesario que represente no una obligación más, sino una opción genuina por privilegiar el goce efectivo de los derechos de los NNA en nuestro país; aspecto que debe ser discutido como sociedad en un proceso en el que participen los propios niños y niñas.

La política fiscal no solo debe estar orientada a la estabilización de la economía sino sobre todo a promover la equidad entre los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos. En este sentido, el Estado debiera asegurar al menos que el presupuesto público sea elaborado con enfoque de derechos, que se asignen los recursos presupuestarios considerando información desagregada y específica sobre los niños, niñas y adolescentes, que se preste atención a la calidad del gasto y a su orientación en las intervenciones que se desplieguen (orientación que puede privilegiar el control social o el desarrollo social); que se contemplen mecanismos de accountability que permitan la participación y supervigilancia de la sociedad civil y que se implementen sistemas de monitoreo que incorporen indicadores clave, en temas como eficiencia del gasto y eficacia en el cumplimiento de metas.

La verdad es que el proyecto de ley de garantías que hoy está siendo revisado por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, ni siquiera alcanza a abordar la discusión sobre los niveles del gasto o de la inversión social, cuando menciona al menos dieciocho veces que el ejercicio de casi todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, está sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

 

Frente a ello, ¿qué planteamos hacer como sociedad civil? Desde Aldeas Infantiles SOS, estamos convencidos que este proyecto de ley que hoy discutimos, debe ser una oportunidad para instalar la temática de la niñez en una agenda pública de inversión social con compromiso de garantía de derechos; y no conformarse con menos.

 

 

 

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