Proyecto de ley de garantía de derechos de la niñez con indicaciones del Bloque

ANÁLISIS COMPARADO PARA LA INCORPORACIÓN DE INDICACIONES DESDE EL BLOQUE POR LA INFANCIA, AL PROYECTO DE LEY DE SISTEMA DE GARANTIAS DE LA NIÑEZ

 PRIMERA PARTE

(Artículos 1 al 24 del Proyecto de Ley)

Santiago, Diciembre 2015.

 

P R O Y E C T O   D E   L E Y:

 

INDICACIONES DEL BLOQUE POR LA INFANCIA A PROYECTO DE LEY
“TÍTULO I

CUESTIONES PRELIMINARES

 

Párrafo 1

Objetivos y definiciones

Artículo 1°.-  Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto la protección integral y el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y en las leyes.

Créase el Sistema de Protección Integral de los Derechos del Niño, que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños de acuerdo con la Política Nacional de la Niñez y los recursos de que disponga el país.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por niño toda persona menor de dieciocho años, sin distinción de sexo. En caso de duda sobre si una persona es o no menor de dieciocho años, y siempre que vaya en beneficio de sus derechos, se presumirá que lo es.

 

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

Con la finalidad de que se ajuste a la Idea Matriz N° 1, es decir, ser efectivamente una ley de garantías se debe modificar el inciso primero y definir el objeto como sigue:

 

“La presente ley tiene por objeto   garantizar a todo niño, niña y adolescente que se encuentre en territorio chileno, el ejercicio y goce efectivo de todos sus derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y en las leyes.”

 

El inciso final debe pasar a inciso segundo, con la siguiente redacción:

“Para los efectos de esta ley, se entenderá por niño o niña a toda persona menor de dieciocho años. En caso de duda sobre si una persona es o no menor de dieciocho años, y siempre que vaya en beneficio de sus derechos, se presumirá que lo es.”

 

Con la finalidad de mantener una redacción armónica y coherente, el inciso segundo actual se debe modificar en los siguientes términos:

 

“Para cumplir con el objeto de esta ley, se crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, que estará integrado por el conjunto de garantías de, instituciones, normas y políticas destinadas a velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños.

 

Formarán parte de este sistema los órganos de la administración del Estado, los Tribunales de Justicia, el Congreso Nacional, el Defensor de la Niñez, las instituciones autónomas del Estado, y las demás entidades públicas y privadas que el ámbito de sus competencias, deban ejecutar acciones de protección, promoción, prevención, restitución o reparación para el acceso, ejercicio y goce efectivo de los derechos del niño.

 

Se debe agregar un inciso cuarto que defina Protección Integral:

 

“Para los efectos de esta ley se entenderá por Protección Integral, el reconocimiento del niño, niña y adolescente como sujeto de derechos y persona activa en la consecución de su desarrollo pleno, obligándose el Estado a priorizar por su interés superior, garantizando la efectividad de los derechos reconocidos, adoptando las medidas generales o específicas que sean necesarias, y en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales adoptando medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, apoyando y apoyándose en las familias, comunidades y sociedad civil organizada para ello.”

Artículo 2.-Principales obligados por esta ley. Es deber de los órganos de la Administración del Estado, de la familia y de la sociedad respetar, promover y proteger los derechos de los niños.

La responsabilidad por el cuidado, asistencia, protección, desarrollo, orientación y educación corresponde preferentemente a los padres del niño. El padre y la madre ejercerán esta responsabilidad individual o conjuntamente, y en condiciones de igualdad, sea que vivan o no en el mismo hogar.

Toda persona debe respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de los niños, según las disposiciones del Título II de la presente ley. Las organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo funciones relacionadas con el desarrollo de los niños deben respetar, promover y velar activamente por sus derechos.

Corresponde a los órganos de la Administración del Estado, en el ámbito de sus competencias y conforme a su disponibilidad presupuestaria, en particular:

a)  Promover, en condiciones de igualdad, el libre y pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños, para lo cual adoptarán las políticas, planes y acciones necesarias para esos fines;

b)  Proveer programas, asistencia y apoyo a los padres y a la familia en el ejercicio de su responsabilidad sobre los niños;

c)  Facilitar y promover la participación de la sociedad civil y sus organizaciones en el cumplimiento de los objetivos de esta ley; y

d)  Promover el restablecimiento de derechos vulnerados por la falta de ejercicio de los deberes que competen a los padres y a la familia, cuando éstos no pudieren o dejaren de cumplirlos.

Los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de un niño o de su representante, en que un niño sea agraviado en sus derechos, gozarán de prioridad en su tramitación y se les aplicará siempre el procedimiento de urgencia a que se refiere el artículo 63 de la ley N° 19.880

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

Se debe modificar el primer inciso en los siguientes términos:

“Sin perjuicio de los derechos y deberes de los padres y madres, de sus representantes legales y de los demás miembros de la familia o de la comunidad que los tengan a su cuidado, es deber de los órganos del Estado respetar, garantizar, proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en conformidad con sus fines y competencias propios”.

 

Se debe modificar segundo inciso como sigue:

La responsabilidad por el cuidado, asistencia, protección, desarrollo, orientación y educación corresponde preferentemente a los padres y madres del niño o niña, o al adulto responsable. El padre y la madre, o el adulto responsable, ejercerán …

 

Se mantiene inciso tercero.

 

Reemplazar la introducción del inciso cuarto por el siguiente:

“Los órganos del Estado tienen el deber de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos reconocidos a niños y niñas y adolescentes en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la leyes. Asimismo, tienen la obligación de adoptar todas   las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole, necesarias y apropiadas para asegurar a todo niño y niña el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, en particular: …”.

 

Modificar la letra a) como sigue:

 

a)     Garantizar, en condiciones de igualdad, el libre y pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños y niñas, para lo cual adoptarán las políticas, planes y acciones necesarias para esos fines.

 

Se mantiene b), c) y d) a continuación del a) incorporado.

 

El inciso final debe ser modificado quedando:

“Los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de un niño o de su representante, en que un niño o niña sea agraviado en sus derechos, gozarán de prioridad en su tramitación y se procederá de acuerdo a lo establecido en el Título III de la presente ley. Subsidiariamente, se les aplicará el procedimiento de urgencia a que se refiere el artículo 63 de la ley N° 19.880”.

Párrafo 2°

Aplicación e interpretación

Artículo 3°.-  Reglas generales de interpretación y aplicación. En la interpretación de las leyes y normas reglamentarias referidas a la promoción, protección o garantía de los derechos del niño, se deberá atender a los derechos y principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en esta ley.

Dicha interpretación deberá fundarse en el principio del interés superior del niño, así como en su edad, sexo y grado de desarrollo y madurez.

Aquellas limitaciones de derechos que sean el resultado de una decisión de un órgano del Estado deben ser excepcionales, por el menor tiempo posible y tener una duración determinada; sólo podrán tener lugar cuando estén previstas en la ley y sean estrictamente necesarias y proporcionales en relación a los derechos que pretende proteger.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

 

En artículo tercero, inciso primero agregar a continuación de promoción “prevención”

 

 

Modificar el inciso segundo como sigue:

“Dicha interpretación deberá fundarse en el principio del interés superior del niño, así como en su edad, grado de desarrollo y madurez.”

 

Artículo 4°.- Aplicación de la presente ley. La presente ley se aplicará a todo niño que se encuentre dentro del territorio de la República, sin perjuicio de las normas especiales que regulen estas materias. En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

 

Artículo 5°.-  Obligaciones de los órganos de la Administración del Estado. Los órganos de la Administración del Estado cumplirán con las obligaciones que la presente ley establece, dentro del marco de sus competencias legales, asegurando, en su caso, el acceso a las prestaciones que les corresponde entregar o garantizar, conforme a sus disponibilidades presupuestarias de manera progresiva. Se debe modificar Artículo 5°, quedando como sigue:

“Artículo 5°.-            Obligaciones de los órganos del Estado. Los órganos del Estado cumplirán con las obligaciones que la presente ley establece, dentro del marco de sus competencias legales, asegurando, en su caso, el goce y ejercicio de los derechos que le correspondan, y respecto de los derechos económicos, sociales y culturales adoptando medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y de ser necesario, solicitando de otros órganos del Estado o, de la Cooperación Internacional el apoyo requerido”.

 

TÍTULO II

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS

Artículo 6°.- Sujeto de derechos. Los niños son sujetos de derecho. Todo niño es titular y goza plenamente de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y en las leyes.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

Se debe dividir el Título en dos párrafos: uno con los principios (en atención a Título I, Párrafo 2, artículo 3, inciso segundo) y otro con los derechos y garantías

 

Agregar Párrafo 1° PRINCIPIOS (desde el artículo 6 al 10 agregando un principio).

 

Artículo 7°.-  Autonomía progresiva. Todo niño, en conformidad a la ley, podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia a la evolución de sus facultades, su edad y madurez.

Los padres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente bajo su cuidado deberán prestarles orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos.

Las limitaciones a la capacidad de los niños para ejercer sus derechos se entenderán siempre de manera restrictiva y deberán establecerse por ley.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

Artículo 8°.-  Igualdad y no discriminación. Los niños tienen derecho a la igualdad en el goce, ejercicio y protección de sus derechos sin discriminación arbitraria.

Ningún niño podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su raza, etnia, nacionalidad, cultura, estatus migratorio, carácter de refugiado o asilado, idioma, opinión política o ideología, afiliación o asociación, religión o creencia, situación socioeconómica, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales; estado civil, edad, filiación, apariencia personal, salud, discapacidad o en situación de discapacidad, estar o haber sido   imputado, acusado o condenado por aplicación de la ley N° 20.084, o en razón de cualquier otra condición, actividad o estatus suyo o de sus padres, familia, representantes legales o quienes lo tengan bajo su cuidado.

Es deber de los órganos del Estado reconocer y proteger los derechos de los niños en condiciones de igualdad y propender a su efectividad. En particular, es deber de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, conforme a sus disponibilidades presupuestarias, y de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Acción establecido en el Título V de esta ley, adoptar medidas concretas para:

a)  Identificar a aquellos grupos de niños que requieran la adopción de medidas especiales o reforzadas para la reducción o eliminación de las causas que llevan a su discriminación;

b)  Reducir o eliminar las causas que llevan a la discriminación de un niño o grupo de niños; y

c)  Contribuir a la adecuación del entorno físico y social, a las necesidades específicas de aquellos niños o grupos de niños que sean o puedan ser objeto de discriminación.

 

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

En el artículo 8°, su inciso 3, debe ser modificado para quedar como sigue:

“Es deber de los órganos del Estado proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de igualdad, garantizando su efectividad. En función de ello le corresponde:

 

a)     Asegurar que todo niño, niña y adolescente, sin discriminación alguna acceda a los servicios sociales de las políticas sociales básicas de salud, educación, vivienda, recreación.

b)     Asegurar la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, fomentando, difundiendo, capacitando en estos derechos a familias, comunidades, municipios, administración, organismos de la sociedad civil y otros órganos del Estado.

c)     Asegurar la prevención efectiva frente a la amenaza y/o vulneración de los derechos de todo niño/a, realizando las acciones, y adoptando todas las medidas necesarias para impedir la continuidad   y/o profundización de la vulneración”.

 

Continuar luego con los otros transformando a) en d),b) en e) y c) en f)

 

g)     Identificar a aquellos grupos de niños o niñas que requieran la adopción de medidas especiales o reforzadas para la reducción o eliminación de las causas que llevan a su discriminación;

h)    Reducir o eliminar las causas que llevan a la discriminación de un niño/a o grupo de niños/as; y

i)      Contribuir a la adecuación del entorno físico y social, a las necesidades específicas de aquellos niños/as, o grupos de niños/as que sean o puedan ser objeto de discriminación.

 

Artículo 9°.-  Interés superior del niño. Todo niño tiene derecho a que en las actuaciones y decisiones que les afecten, sea que ellas provengan de autoridades legislativas, judiciales o administrativas, de las organizaciones de la sociedad civil, de instituciones privadas, o de los padres, representantes legales o personas que lo tengan legalmente bajo su cuidado, se considere primordialmente su interés superior, entendido como el disfrute y satisfacción de sus derechos.

Para efectos de determinar el interés superior del niño en el caso concreto, la autoridad administrativa o judicial deberá tomar en consideración especialmente los siguientes factores:

a)  Los derechos actuales o futuros del niño, que deban ser resguardados y protegidos por la decisión;

b)  La opinión que el niño exprese;

c)  La identidad del niño y las necesidades que de ella se derivan, sean éstas personales, físicas, emocionales, sociales, culturales o de origen étnico;

d)  Las capacidades del niño y su grado de desarrollo;

e)  Cualquier situación de especial desventaja en la que se encuentre el niño, que haga necesaria una protección reforzada para el goce y ejercicio efectivos de sus derechos;

f)  Los perjuicios que el niño haya sufrido; y

g)  La seguridad y la integridad inmediatas del niño, así como los efectos probables que la actuación o decisión pueda causarle en su desarrollo futuro, sea directa o indirectamente.

Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias y disponibilidades presupuestarias, deben tener en especial consideración el diseño y ejecución de normativas, políticas, servicios y prestaciones destinados a la promoción, protección y garantía de los derechos del niño. Asimismo, deben procurar que las medidas que adopten no afecten de manera desproporcionada los recursos destinados a la satisfacción de  los derechos del niño. En la cuenta pública que deban realizar de conformidad con el artículo 72 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, los órganos de la Administración del Estado deberán incluir la información relativa a la gestión de políticas, planes, programas, acciones y la ejecución presupuestaria de los recursos destinados a la niñez en ejercicio de sus competencias, en los casos que corresponda.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

Se mantiene inciso primero:

Reemplazar el Inciso segundo como sigue:

 

Para efectos de determinar el interés superior del niño en el caso concreto, la autoridad administrativa o judicial deberá tomar en consideración especialmente los siguientes factores:

 

a)     El carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de los derechos de los niños y niñas.

b)     El reconocimiento de los niños y niñas como titulares de derecho

c)     La naturaleza y el alcance global de los derechos en esta ley consagrados, así como en la Convención de los derechos del Niño y otros instrumentos internacionales.

d)     La obligación del Estado de respetar, proteger y llevar a efecto todos los derechos de los niños y niñas de conformidad a la Constitución Política de la República y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

e)     Los efectos a corto, medio y largo plazo de las medidas relacionadas con el desarrollo de niños y niñas a lo largo del tiempo.

 

En artículo 9°, se debe eliminar del inciso tercero “y disponibilidades presupuestarias” para quedar como sigue:

 

“Toda vez que los órganos del Estado deban diseñar, implementar o ejecutar normativas, políticas, servicios y prestaciones en el ámbito de sus competencias, deberán considerar especialmente que en ellos se atienda a la promoción, prevención, protección, reparación y garantía de los derechos del niño/a.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 10°.- Vida, desarrollo y entorno adecuado. Todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Los padres, representantes legales o quienes tuvieren al niño bajo su cuidado, tienen la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para su pleno desarrollo.

Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, adoptarán las medidas apropiadas para velar por la satisfacción de estos derechos, a través de políticas, servicios y programas. En particular, deberán promover el acceso a servicios sociales, nutrición, accesibilidad al agua potable y alcantarillado, recreación y a vivir en entornos seguros, inclusivos, y adecuados a las especiales características de los niños.

En la elaboración de las políticas de vivienda y urbanismo y en la dotación de equipamientos, instalaciones y mobiliario urbano, se tendrán en consideración las características de los niños, para efectos de promover  que éstos disfruten del entorno en condiciones de salud, seguridad y accesibilidad adecuadas.

Los órganos de la Administración del Estado promoverán el conocimiento, respeto y disfrute del medio ambiente por parte de los niños, fomentando la participación activa de éstos en la protección, conservación y mejora del entorno en el marco de un desarrollo sustentable.

El Ministerio de Desarrollo Social realizará mediciones socioeconómicas de conformidad a lo dispuesto en las letras e), t) y w) del artículo 3 de la ley N° 20.530. Un reglamento dictado por dicho Ministerio, suscrito además por el Ministro de Hacienda, determinará como se considerarán adaptaciones necesarias para la medición y seguimiento de las condiciones de vida de los niños

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

 

Modificar el Título por: Artículo 10: Vida en Familia, desarrollo y entorno. En nuestra propuesta, este pasa a ser un Principio.

 

En el inciso segundo se debe modificar como sigue:

 

“Los padres y madres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño o niña. Incumbirá a la familia, en su caso, a los representantes legales o a quienes tuvieren al niño o niña bajo su cuidado, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño o niña. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

 

Modificar en el inciso tercero:

 

“Los órganos del Estado prestarán la asistencia apropiada a las familias y a los representantes legales, o a quienes tuvieren al niño o niña bajo su cuidado para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza y desarrollo, y adoptarán las medidas apropiadas, en el ámbito de sus competencias, para velar por la satisfacción de los derechos del niño/a, a través de políticas, servicios, programas, instalaciones, instituciones y condiciones requeridas”.

 

Los incisos siguientes se mantienen.

  En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

Se debe agregar como artículo 11, el Principio de Efectividad y Prioridad, estableciendo que:

 

“Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, irrenunciables y de aplicación preferente, correspondiendo a los órganos del Estado su implementación. A su vez, cuando de los derechos económicos, sociales y culturales se trata, se deben adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles.

 

Los derechos de todo niño, niña y adolescente se ejercen con la prioridad que les concede su condición. En consecuencialosniñosdeben recibir un tratamiento preferente:

 

a)     En la formulación, financiamiento y ejecución de las políticas públicas.

b)     En el acceso y atención que puede reclamarse de los servicios sociales, sean públicos o privados.

c)     En caso de colisión con los intereses o derechos de un adulto que tengan una naturaleza semejante y en igualdad de condiciones y

d)     En la protección y socorro en cualquier circunstancia.

Artículo 11.-  Protección contra la violencia. Todo niño tiene derecho a ser tratado con respeto. Ningún niño podrá ser sometido a malos tratos físicos o psíquicos, descuido o tratos negligentes, abusos, explotaciones, castigos corporales, tortura o a cualquier otro trato ofensivo o degradante, especialmente en los ámbitos familiar, escolar, sanitario, institucional y social.

Toda forma de maltrato a un niño está prohibida y no puede justificarse por ninguna circunstancia excepcional o como un exceso en el ejercicio de las responsabilidades de los padres, representantes legales o de las personas que tengan temporal o permanentemente el cuidado del niño.

Es deber de la familia, de los órganos del Estado, dentro del ámbito de su competencia y conforme a su disponibilidad presupuestaria, y de las organizaciones de la sociedad civil que se relacionen con la niñez, asegurar a los niños la protección contra la violencia y el cuidado necesarios para su pleno desarrollo y bienestar. El cumplimiento de este deber corresponde prioritariamente a los padres del niño, a sus representantes legales o a quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado.

El Comité Interministerial de Desarrollo Social establecerá mecanismos de coordinación institucional eficientes y eficaces en materia de maltrato infantil, abuso sexual y toda forma de explotación. Asimismo, deberá promoverse el buen trato hacia los niños en todo ámbito, especialmente en aquellos casos en que se encuentran de manera temporal o permanente bajo el cuidado de instituciones, o personas distintas a su padre, madre o quien tenga su cuidado personal en conformidad a la ley.

El Plan de Acción, en cada uno de los niveles que corresponda, deberá establecer metas y medidas específicas para prevenir las diversas formas de violencia contra los niños, especialmente en aquellos casos en que se encuentran de manera temporal o permanente bajo el cuidado de instituciones, o personas distintas a su padre, madre o a quien corresponda su cuidado personal en conformidad a la ley.

El Estado tomará las medidas conducentes a prevenir, prohibir, y sancionar, incluso penalmente, toda forma de castigo corporal o maltrato infantil.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

Agregar (en nuestro correlato se trataría del Artículo 12):

 

Párrafo 2°   DERECHOS Y GARANTÍAS

 

Modificar “Artículo 11: Derecho de Protección contra la violencia”.

 

Se debe modificar el tercer inciso como sigue: “Es deber de las familias, de los órganos del Estado, de las comunidades y organismos de la sociedad civil, asegurarle a niños y niñas la protección contra la violencia y el cuidado necesario para su pleno desarrollo y bienestar”. En este inciso se borra lo que sigue al punto seguido, por ser redundante respecto de lo ya dicho.

 

El cuarto inciso se debe modificar como sigue:

El Consejo Interinstitucional de Infancia y Adolescencia, órgano asesor del Presidente de la República, a través de la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social establecerá mecanismos de coordinación institucional eficientes y eficaces en materia de maltrato infantil, abuso sexual y toda forma de explotación. Asimismo, deberá promoverse el buen trato hacia los niños y niñas en todo ámbito, especialmente en aquellos casos en que se encuentran de manera temporal o permanente bajo el cuidado de instituciones, o personas distintas a su padre, madre o quien tenga a cargo su cuidado personal, en conformidad a la ley”.

 

Se conserva inciso quinto:

 

Se debe modificar el inciso final, quedando como sigue:

 

El Estado tomará las medidas conducentes a prevenir, prohibir, y sancionar civil, penal o administrativamente, según corresponda, toda forma de castigo corporal o maltrato infantil.

 

 

Artículo 12.-  Derecho a la identidad. Todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a tener un nombre, una nacionalidad y una lengua de origen; a conocer la identidad de sus padres; a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley; a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia.

Los niños que pertenezcan a colectivos étnicos, indígenas, religiosos o lingüísticos tienen derecho, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, a emplear su propio idioma, y a intervenir en los procedimientos de consulta cuando lo establezca la ley.

El Servicio de Registro Civil e Identificación dispondrá de procedimientos sencillos y rápidos que permitan la inscripción de nacimiento de los recién nacidos y su identificación oportuna, con independencia de su estatus migratorio o del de sus padres. En el caso que se desconozca la identidad de los progenitores del niño, éste deberá ser registrado con nombre y dos apellidos convencionales, dejándose constancia en la partida correspondiente, y sin perjuicio del derecho a reclamar posteriormente la determinación de su identidad.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

Agregar en inciso primero (para nosotros seria Artículo 13):

 

Artículo 12.- Derecho a la identidad. Todo niño y niña tiene derecho, desde su nacimiento, a tener un nombre, una nacionalidad y una lengua de origen; a conocer la identidad de sus padres y madres; a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley; a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia, incluida su identidad de género.

Artículo 13.-  Derecho a vivir en familia. Todo niño tiene derecho a vivir y completar su desarrollo en su familia. Sólo en caso que fuere imposible o incompatible con el goce y ejercicio de sus derechos, y en forma excepcional, accederá a un grupo familiar alternativo o a una familia adoptiva en conformidad a lo dispuesto en la ley.

Los órganos del Estado velarán, dentro de su competencia y disponibilidad presupuestaria, por el ejercicio de este derecho cuando sea imposible la cohabitación, alguno de los padres se encontrare privado de libertad o sujeto a algún régimen de tratamiento residencial, en conformidad a la ley y de un modo acorde con dichas circunstancias especiales.

Ningún niño podrá ser separado de sus padres o de quien lo tenga legalmente bajo su cuidado sin una orden judicial en la que se fundamente la necesidad de dicha medida de conformidad con las causales contempladas en la ley. La mera carencia de recursos económicos no podrá ser fundamento de la resolución que ordena la separación de un niño de su familia.

 

Modificar el artículo como sigue (se trataría del Artículo 14):

 

Art. 13.- Derecho a vivir en familia. “Todo niño, niña o adolescente, tiene derecho a vivir y crecer en el seno de su familia biológica y completar así su adecuado desarrollo.

 

Los órganos del Estado deberán proteger al niño, niña o adolescente de cualquier abuso, descuido, trato negligente, malos tratos y/o explotación entre otros, mientras se encuentren al cuidado de su familia o de quien legamente lo tenga bajo su cuidado. Sólo en caso de acreditarse la existencia de alguna de las situaciones antes mencionadas, el niño, niña o adolescente, deberá ser incorporado a una modalidad temporal de cuidado alternativo que se ajuste a su propio interés superior, o a una solución definitiva de cuidado en familia adoptiva, en conformidad a lo dispuesto en la ley.

Ningún niño, niña o adolescente, podrá ser separado de su familia o de quien lo tenga legalmente bajo su cuidado sin una orden judicial en la que se fundamente la necesidad e idoneidad de dicha medida, de conformidad con las causales contempladas en la ley. La mera carencia de recursos económicos no podrá ser fundamento de la resolución que ordena la separación de un niño, niña o adolescente de su familia”.

Artículo 14.-  Debido proceso y especialización. El Estado velará por asegurar que todo niño pueda hacer valer en los procedimientos en que interviniere los derechos y garantías que le confieren la Constitución, los tratados internacionales vigentes en Chile y las leyes.

Los órganos del Estado propenderán a una efectiva especialización de todos los funcionarios cuyas tareas digan relación con la protección de los derechos del niño.

 

Artículo 15.-  Libertad ambulatoria. Todo niño tiene derecho a transitar libremente por el territorio nacional, de conformidad con el progresivo desarrollo de sus facultades, salvo las restricciones legalmente establecidas.

Ningún niño podrá ser privado de su libertad personal, ni ésta restringida ilegal o arbitrariamente.

Para los efectos de esta ley, se entiende por medida privativa de libertad toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado por orden de la autoridad judicial o administrativa, del que no se permita salir al niño por su propia voluntad.

La detención o prisión deberá llevarse a cabo conforme a la ley, durante el período más breve posible y será utilizada sólo como último recurso. La aplicación de la internación provisoria será excepcional.

Los padres, los representantes legales o quienes tuvieren bajo su cuidado a un niño, tienen derecho a conocer su paradero y estado, cuando se le hubiere aplicado cualquier medida privativa de libertad. La autoridad correspondiente deberá siempre entregar esta información en la forma más expedita posible.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

Fusionar artículos 14 y 15 como sigue (para nosotros sería el Artículo 15):

Crear un Artículo XX.-: Derecho a la Libertad Personal.-Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ejercer su libertad personal y su autonomía según le permita su edad, grado de madurez y desarrollo.

Todo niño o niña tiene derecho a transitar libremente por el territorio nacional, de conformidad con el progresivo desarrollo de sus facultades, salvo las restricciones legalmente establecidas.

 

En todo procedimiento en que interviniere el Estado, este debe velar por asegurar que todo niño, niña o adolescente haga valer los derechos y garantías que le confieren la Constitución, los tratados internacionales vigentes en Chile y las leyes.

Ningún niño o niña podrá ser privado de su libertad personal, ni ésta restringida ilegal o arbitrariamente.

Para los efectos de esta ley, se entiende por medida privativa de libertad toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado por orden de la autoridad judicial o administrativa, del que no se permita salir al niño por su propia voluntad.

La detención o prisión deberá llevarse a cabo conforme a la ley, durante el período más breve posible y será utilizada sólo como último recurso. La aplicación de la internación provisoria será excepcional.

Los padres, madres, los representantes legales o quienes tuvieren bajo su cuidado a un niño o niña, tienen derecho a conocer su paradero y estado, cuando se le hubiere aplicado cualquier medida privativa de libertad. La autoridad correspondiente deberá siempre entregar esta información en la forma más expedita posible”.

Agregar inciso final que diga:

Corresponderá al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior la responsabilidad en asegurar la implementación de este derecho”.

 

Agregar inciso final como sigue:

 

“Corresponderá al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y al Ministerio de Justicia en el marco de sus respectivas competencias, la responsabilidad en monitorear y evaluar la implementación de este derecho”.

 

Artículo 16.-  Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todo niño tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Todo niño es libre de profesar cualquier religión, culto o creencia, que no sea contraria a la ley y que sea compatible con el goce y ejercicio de sus otros derechos y los de los demás.

Los padres o los representantes legales o quien lo tenga legalmente bajo su cuidado tienen la responsabilidad prioritaria de guiar al niño en el ejercicio de esta libertad conforme al desarrollo de sus facultades. Es deber del Estado respetar a los padres o representantes legales, según sea el caso, en el ejercicio de dicha responsabilidad.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 17.-  Libertad de expresión y comunicación. Todo niño tiene derecho a expresar y difundir libremente sus opiniones, sin censura previa, a través de cualquier medio de comunicación, con las restricciones que establezca la ley. Cuando se encuentre impedido de expresarlas por sí mismo podrá hacerlo mediante sus representantes legales o la persona que designe para tal efecto.

Los niños tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información en cualquier medio de comunicación social, especialmente aquélla contenida en soportes digitales, de una forma adaptada a cada etapa de su desarrollo, que les permita actuar en estos medios de un modo seguro y responsable.

Los prestadores de servicios de telecomunicación entregarán información dirigida a los niños para identificar situaciones de riesgo derivadas del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como las habilidades, herramientas y estrategias para afrontarlas y protegerse de ellas.

Los órganos de la Administración del Estado, velarán para que sus mensajes dirigidos a los niños promuevan los valores de libertad, igualdad, solidaridad, solución pacífica de los conflictos, respeto a todas las personas, y se eviten imágenes de violencia, explotación, tratos degradantes, sexismo o discriminación.

Los órganos del Estado y los prestadores de servicios de radiodifusión, en sus diversas especies, fomentarán la comunicación audiovisual para los niños con discapacidad y el uso de buenas prácticas, que evite cualquier discriminación o repercusión negativa hacia dichas personas.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

El inciso cuarto debe decir:

 

“Los órganos del Estado…

 

Agregar inciso final:

 

Corresponderá a los Ministerios de Interior, Ministerio de Justicia y Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, cada uno en el campo de sus competencias, la responsabilidad en asegurar y monitorear la implementación de este derecho”.

 

Artículo 18.-  Derecho a la información. Todo niño tiene derecho a ser informado sobre cualquier actuación o medida que pueda afectar el ejercicio de sus derechos.

Los niños tienen derecho a buscar, acceder y recibir contenidos informativos, por cualquier medio, sin otras limitaciones que las que se establezcan legalmente en beneficio de su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los órganos de la Administración del Estado velarán por que la información relevante para el desarrollo de los niños sea fácilmente accesible y esté disponible en un formato y lenguaje apropiados para aquéllos.

Los órganos de la Administración del Estado velarán, dentro del ámbito de su competencia, por la existencia de un mecanismo de calificación de los contenidos a los que puedan tener acceso los niños, de modo que los padres o quienes sean responsables de su cuidado, puedan determinar la conveniencia o inconveniencia de que dichos contenidos sean percibidos por ellos, de acuerdo con su desarrollo y madurez.

El Estado promoverá, a través de la Política Nacional de la Niñez y su Plan de Acción, que los medios de comunicación difundan información y materiales de interés social y cultural para los niños. Asimismo, promoverá la consideración de las necesidades lingüísticas de los grupos de niños que lo requieran.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

Agregar inciso final que diga:

 

Corresponderá al Ministerio Secretaría General de Gobierno, la responsabilidad en asegurar y monitorear la implementación de este derecho”.

 

Artículo 19.-  Derecho a ser oído.”Todo niño tiene derecho a que sus opiniones sean oídas y debidamente consideradas, de acuerdo con el desarrollo de sus facultades, en los procedimientos o actuaciones en que se decida sobre alguna cuestión particular cuya determinación pudiere afectar sus derechos o intereses, especialmente en el ámbito familiar, escolar, sanitario, comunitario, administrativo y judicial.

Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, velarán para que en los procedimientos en que participe directamente un niño existan medios adecuados a su edad, sexo y madurez, con el objeto que éste pueda formarse un juicio propio y pueda expresarlo. Especialmente, velarán por el empleo de un lenguaje y entrega de información necesaria de un modo adecuado a su capacidad de entendimiento y alentarán que se tengan en cuenta las necesidades lingüísticas de los niños pertenecientes a grupos que lo requieran.                Los órganos del Estado deberán establecer mecanismos efectivos de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias para garantizar este derecho en los procedimientos administrativos y judiciales.

Los establecimientos educacionales, de salud o cualquier otra institución que provea servicios destinados a la protección o satisfacción de los derechos del niño deberán disponer los medios para oír efectivamente a los niños cuyos derechos estén siendo afectados. Cuando no sea posible atender a las opiniones del niño, la autoridad respectiva deberá explicarle de un modo comprensible las razones de ello y dejar constancia de esta fundamentación en la resolución respectiva.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

 

El derecho a ser oído se debe incorporar en la categoría de Principio y modificar redacción del inciso primero como sigue:

 

“Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a que sus opiniones sean oídas y debidamente consideradas, de acuerdo con el desarrollo de sus facultades, en los procedimientos o actuaciones administrativas o judiciales en que se decida sobre alguna cuestión particular cuya determinación pudiere afectar sus derechos o intereses, especialmente en el ámbito familiar, escolar, sanitario, comunitario, administrativo y judicial.

Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, velarán para que en los procedimientos en que participe directamente un niño o niña, existan medios adecuados a su edad y madurez, con el objeto que éste pueda formarse un juicio propio y pueda expresarlo. Especialmente, velarán por el empleo de un lenguaje y entrega de información necesaria de un modo adecuado a su capacidad de entendimiento y alentarán que se tengan en cuenta las necesidades lingüísticas de los niños/as pertenecientes a grupos que lo requieran. Los órganos del Estado deberán establecer mecanismos efectivos para garantizar este derecho en todos los procedimientos administrativos y judiciales.

 

 

Inciso segundo: eliminar la categoría sexo para adecuar la actuación del Estado.

 

Asimismo, eliminar la disponibilidad presupuestaria como supuesto para ejercer el derecho.

Artículo 20.-  Participación. Todo niño tiene derecho a participar activamente en los asuntos que les conciernan o le afecten, de conformidad a la ley.

Los órganos del Estado velarán por incorporar progresivamente a los niños en el ejercicio de los derechos y responsabilidades ciudadanas. La Política Nacional de la Niñez y su Plan de Acción, establecidos en el Título V de esta ley, determinarán, conforme a la ley N° 20.500, las medidas concretas para promover la participación de los niños y los mecanismos que permitan recoger sus opiniones en relación a las políticas, proyectos, programas o decisiones que les afecten.

Todo niño tiene derecho a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas sin otras restricciones que aquéllas previstas en la ley.

Todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

El inciso segundo se debe modificar como sigue:

“Los órganos del Estado velarán por incorporar progresivamente a los niños y niñas en el ejercicio de los derechos y responsabilidades ciudadanas. La Política Nacional de la Niñez y su Plan de Acción, establecidos en el Título V de esta ley, determinarán, las medidas concretas para promover la participación de los niños y niñas y los mecanismos que permitan recoger sus opiniones en relación a las políticas, proyectos, programas o decisiones que les afecten. Supletoriamente se aplicarán las disposiciones del Título IV de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.”

 

Agregar inciso final como sigue:

 

Corresponderá al Ministerio Secretaría General de Gobierno, la responsabilidad en asegurar y monitorear la implementación de este derecho”.

 

Artículo 21.-  Vida privada. Todo niño tiene derecho a desarrollar su vida privada, a gozar de intimidad y a mantener comunicaciones sin injerencias arbitrarias o ilegales.

Los padres o quienes tengan la responsabilidad del cuidado de los niños y las autoridades deben respetar este derecho, promover y orientar su ejercicio, y protegerlos de cualquier quebrantamiento ilícito de su intimidad.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña
Artículo 22.-  Honra y propia imagen. Todo niño tiene derecho a su propia imagen, honra y reputación.

En el desempeño de su rol y en el ejercicio de su profesión, los medios de comunicación y los profesionales de la comunicación deberán tener especial respeto por el interés superior de los niños, resguardando su dignidad.

Los medios de comunicación social deberán evitar la exhibición y divulgación de toda información que pueda estigmatizar a un niño o afectar su imagen, honra o reputación. Esta obligación deberá considerarse especialmente para la interpretación en sede judicial o administrativa del alcance de las obligaciones y la procedencia y gravedad de las sanciones administrativas, civiles o penales establecidas en las leyes para las violaciones a este derecho, ya sea que éstas se establezcan para todas las personas o para los niños en particular.

Se prohíbe divulgar la imagen, identidad o los datos necesarios para la identificación de todo niño que fuere imputado o condenado por la comisión de un delito, que fuere víctima de un delito, o que se encontrare sujeto a procedimientos administrativos o judiciales. Quienes intervengan en estos procedimientos estarán obligados a guardar reserva sobre la imagen identidad y datos personales de los niños involucrados, a menos que resulte indispensable para la protección de los derechos de los mismos, y siempre que se tomen los resguardos necesarios para evitar un daño mayor.

Los funcionarios públicos, las organizaciones de la sociedad civil que se relacionen con la niñez y su personal, deberán tener estricto apego a esta disposición y deberán adoptar las medidas para proteger toda la información relativa a la participación del niño en los procedimientos judiciales o administrativos que puedan afectar a un niño.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

Agregar inciso final como sigue:

 

Corresponderá al Ministerio Secretaría General de Gobierno, y al Ministerio de Justicia la responsabilidad en asegurar y monitorear la implementación de este derecho”.

 

Artículo 23.-  Educación. Los niños tienen derecho a ser educados en el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades.

Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.

Los órganos de la Administración del Estado competentes velarán por que ningún niño sea excluido del sistema educacional o vea limitado su derecho a la educación por motivos que puedan ser constitutivos de discriminación arbitraria.

Es deber del Estado garantizar el ingreso al sistema educacional o su continuidad en el mismo, según corresponda, a los niños que estén temporal o permanentemente privados de su entorno familiar.

Las medidas pedagógicas y disciplinarias, que puedan adoptarse en conformidad a la ley y los reglamentos, respecto de los niños en el contexto de la actividad educacional deberán siempre basarse en un procedimiento que garantice el pleno respeto de sus derechos y, ser compatibles con los fines de la educación y con la dignidad del niño.

En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de los centros de alumnos u otra forma de asociación y organización, en conformidad a la ley.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

El inciso cuarto modificar como sigue:

“Los órganos de la Administración del Estado competentes y en particular el Ministerio de Educación, velarán por que ningún niño o niña sea excluido del sistema educacional o vea limitado su derecho a la educación por motivos que puedan ser constitutivos de discriminación arbitraria. Para estos efectos, es también deber del Estado, la adopción de medidas positivas que contribuyan progresivamente a eliminar barreras de origen geográfico que afecten   el ejercicio efectivo del derecho a la educación.

Es deber del Estado garantizar el ingreso al sistema educacional o su continuidad en el mismo, según corresponda, a los niños y niñas que estén temporal o permanentemente privados de su entorno familiar o que se encuentren privados de libertad”.

 

 

Agregar inciso final como sigue:

“Corresponderá al Ministerio de Educación, la responsabilidad en asegurar y monitorear la implementación de este derecho”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 24.-  Salud. Todos los niños son titulares de los derechos establecidos en el Título II sobre los “Derechos de las personas en su atención de salud” de la Ley N° 20.584. Los órganos de la Administración del Estado adoptarán las medidas dentro de su competencia y conforme a sus disponibilidades presupuestarias para propender a su plena efectividad en el sistema de salud público, incluyendo aquellas que resulten necesarias para la prevención, tratamiento y recuperación de las enfermedades que afecten o puedan afectar a la población infantil. Asimismo, dentro del ámbito de sus competencias adoptarán las medidas para que el sistema privado de salud cumpla con dichos derechos. Todo niño tiene derecho a contar con la compañía de familiares, cuidadores o personas significativas para él, tanto en las atenciones ambulatorias como en las hospitalizaciones, salvo cuando motivos clínicos aconsejen lo contrario.

Los prestadores de salud, públicos y privados adoptarán las medidas tendientes a que los niños sean debidamente informados sobre su estado de salud, acorde a su situación, edad y madurez, resguardando la confidencialidad de dicha información. Los órganos de la Administración del Estado velarán por el cumplimiento de esta obligación.

Para el caso de que se requiera contar con el consentimiento establecido en el artículo 14 de la ley N° 20.584, deberá dejarse constancia de que el niño ha sido informado y que se le ha oído, tomando en consideración su edad y madurez.

La discapacidad o situación de discapacidad de un niño nunca podrá emplearse como fundamento para negarle los derechos de que trata este artículo, en especial, se prohíbe toda práctica que tenga por finalidad la privación de los derechos sexuales y reproductivos de los niños.

Se prohíbe impedir, restringir, obstaculizar o interrumpir toda acción de salud dirigida a un niño que se encuentre internado para fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental, en virtud de motivos ideológicos, morales o religiosos, o de seguridad.

Todo niño que se encuentre internado en un establecimiento de salud será informado del tratamiento que recibe, y de las demás circunstancias propias de su internación, en cada oportunidad en que sea examinado.

En todo inciso donde diga niño, agregar y niña.

 

Anteponer en el artículo 24 el siguiente inciso primero, pasando los siguientes a ser incisos segundo, tercero, etc.:

 

Artículo 24.- Salud. El niño o niña tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios, acciones y tratamientos que sean necesarios para la promoción, protección y recuperación de la salud y de su rehabilitación. El Estado tiene el deber preferente de garantizar la ejecución de las acciones de salud física y mental, para lo cual deberá adoptar las medidas generales o específicas que corresponda hasta el máximo de los recursos de que disponga.

 

Incluir en todos los incisos al lado de niño y niñas.

 

Eliminar del nuevo inciso segundo la frase “y conforme a sus disponibilidades presupuestarias

 

Toda vez que la Ministra de Vivienda suscribe el Proyecto de Ley, y habida consideración de los temas relevados en diversas consultas a niños/as y en sintonía con la Convención, se sugiere agregar tres nuevos artículos: 25, 26 y 27, de modo que los actuales 25-26-27 pasarían a ser 28, 29 y 30, respectivamente.

 

Artículo 25.- Derecho a vivienda y entorno adecuados. Todo niño y niña tiene derecho a crecer y desarrollarse en un entorno urbano y ambiental saludable y libre de contaminación y en una vivienda digna y adecuada a sus especiales necesidades.

 

Los órganos del Estado promoverán el conocimiento, respeto y disfrute del medio ambiente por parte de los niños/as, fomentando la participación activa de éstos en la protección, conservación y mejora del entorno en el marco de un desarrollo sustentable.

 

En todas las políticas de vivienda y urbanismo que digan relación con la concepción y distribución del espacio, la previsión de equipamientos e instalaciones y la dotación de mobiliario urbano, se tendrán en especial consideración las necesidades específicas de los niños y niñas, para efectos de garantizar que estos disfruten del entorno en condiciones de salud, seguridad y accesibilidad adecuadas.

 

Artículo 26.- Derecho a la recreación y a la vida cultural. Todo niño y niña tiene derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

 

Artículo 26.- Los órganos del Estado respetarán y promoverán el derecho del niño y niña a participar plenamente en la vida cultural y artística y realizarán las acciones y planes para asegurar los equipamientos y oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, para el disfrute de los niños en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

 

Artículo 27.-

“De ser necesario, las autoridades de los respectivos Ministerios responsables, deberán recurrir a los órganos de protección administrativa a nivel territorial, en función de ser apoyados en sus deberes hacia la niñez”.

 

 

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