Declaración del Bloque por Infancia

Declaración del Bloque por la Infancia por el lanzamiento de la política nacional de infancia por parte del Gobierno

La política nacional que ha presentado el gobierno se legitima, de acuerdo con las mismas autoridades que la han formulado, en un proceso de participación ciudadana realizado sobre la base de encuentros regionales y nacionales. Conforme a esto, más de un millón de niños, niñas y adolescentes, además de un conjunto de organizaciones, fueron escuchados presentando sus demandas y requerimientos, y cuyos resultados fueron presentados en las etapas de devolución establecidas.

Sin embargo, ha hecho falta en este proceso una efectiva incidencia de la sociedad civil organizada. Por décadas, y muchas veces en condiciones difíciles, ha sido la sociedad civil quien, desde la práctica cotidiana y experiencia concreta ha ido creando conocimiento sólido. Así, la participación de la sociedad civil no puede agotarse en la mera escucha, sino que es necesario una co-construcción participativa. Aunque que este proceso no sea fácil, sólo así una política adquiere la legitimidad democrática que requiere.

En tal sentido, la presentación de la nueva política nacional de niñez coincide con dos momentos de reciente frustración y malestar de las organizaciones de la sociedad civil con el Ejecutivo. Uno es el papel prácticamente irrelevante e instrumental que el Consejo Nacional de la Infancia ha dado a los representantes de las organizaciones ciudadanas en el seno de dicho Consejo, al punto que uno de ellos ha renunciado recientemente motivado por esta especie de ninguneo, evidenciado en la escasa incidencia de las organizaciones en la agenda e iniciativas sobre niñez y, particularmente, en la misma formulación de la política nacional que ahora el gobierno presenta en solemne ceremonia.

El otro punto crítico es la escasa voluntad y habilidad mostrada por el Ejecutivo para dialogar seriamente y abrirse a discutir propuestas e indicaciones al proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez emanadas de la sociedad civil. Estimamos que la elaboración participativa de la legislación es un componente fundamental de toda política y en esto el Ejecutivo ha fallado. Más allá de las manifestaciones de cercanía de algunas autoridades, los frutos muestran claramente una escasa permeabilidad para acoger aspectos fundamentales en el futuro sistema de protección integral, como lo referido a la promoción de los derechos, la protección administrativa en los territorios locales y, precisamente, la naturaleza y contenidos de la participación de los actores en la futura legislación.

Sobre la base de estas experiencias, escuchar las opiniones de la gente reunida y devolverlas presuntamente sistematizadas en actos masivos puede quedarse en una puesta en escena vistosa. Esto es una participación no incidente que puede ser de tipo populista o plebiscitaria, pues carece de conexión con las decisiones que, finalmente, son tomadas a puertas cerradas. Así, sólo podemos encontrarnos, nuevamente, con un producto tecnoburocrático a que nos tiene acostumbrado el Estado de las últimas décadas.

Esperamos conocer, pues hasta ahora no conocemos, los contenidos y alcances de esta nueva política, en sus diversos y transversales aspectos, desde la educación a la salud, desde las libertades individuales y las garantías judiciales a los derechos económicos y sociales, desde el fortalecimiento de las capacidades de las familias, padres y cuidadores a la atención a situaciones especiales de niños y niñas migrantes, discapacitados, indígenas o privados de libertad, o que han sido víctimas de maltratos o abusos, desde las instancias de protección administrativas a la participación infantojuvenil en organizaciones y espacios de escucha, expresión, reunión y deliberación, y a la promoción cotidiana en los territorios mediante el derecho al juego, la recreación y la cultura.

Para las organizaciones que representamos es un imperativo profesional, ético y político realizar un efectivo control ciudadano de la política que se propone, en el sentido que las autoridades no solo nos informen que han “entregado” una política, sino que ésta vaya en el sentido correcto del respeto y promoción de los derechos reconocidos nacional e internacionalmente, y que dicha política considere mecanismos e instrumentos para ser implementada adecuadamente y darle seguimiento y concreción.

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