Senadora Ximena Rincón, Presidenta Comisión Especial encargada de tramitar Proyectos de ley relativos a niños, niñas y adolescentes

Presente

Estimada Presidenta, por su intermedio consideramos necesario hacer presente algunas inquietudes de los organismos sin fines de lucro de la sociedad civil, integrantes del Bloque por la Infancia, ante la Comisión Especial que usted preside.

Nuestras inquietudes dicen relación con aspectos presentes en la discusión, aún en curso, del proyecto de ley de garantías y protección integral de derechos de niños y niñas, las que pasamos a detallar:

1.- Niños y niñas como sujetos de derecho: Un aspecto clave de la Convención sobre los Derechos del Niño es el cambio en la consideración jurídica del niño. Lo que percibimos aún en el debate de la Comisión, es que hay una dificultad para entender y aceptar este principio que reconoce a todos los niños y niñas como personas y sujetos plenos de derecho y, por lo tanto, dotadas de capacidad jurídica en tanto individuos. Lo anterior implica que niños y niñas dejan de ser objetos de una protección que, tradicionalmente, se ha considerado mediada por los adultos responsables y donde niños y niñas son entes absolutamente pasivos.

Desde la Convención, las familias, las comunidades y los Estados son fundamentales para garantizar ese reconocimiento, para asegurar, desde sus roles respectivos, la efectividad de esos derechos.

A treinta (30) años de aprobada la Convención por la unanimidad del Congreso, este es un principio básico que debe estar presente de manera transversal en todo el articulado de cualquier ley de garantía y de protección integral y en cualquier política pública orientada a la niñez y adolescencia.

2.- Derechos y deberes: Los derechos del niño son inherentes a su condición de ser humano, es decir, son derechos humanos, por lo tanto son también: inalienables, no pudiendo ser negados, restringidos o revocados; irrenunciables, no se pueden traspasar a otros o renunciar a ellos; son indivisibles, por lo que no se pueden jerarquizar y no se pueden separar, el priorizar o negar un derecho implicaría negar los otros; y son incondicionales, es decir no pueden haber condiciones para su reconocimiento, ni ser negociables por parte de los garantes. Estos criterios rigen para cualquier tratado de Derechos Humanos.

En base a lo anterior, es decir al carácter que tienen los derechos de niños y niñas, la vigencia de los mismos no depende de la conducta, o del cumplimiento de deberes o expectativas, o de algún tipo de exigencias a imponer al titular de esos derechos, por los adultos respectivos. Quienes sí tienen deberes al respecto son las familias, las comunidades y los Estados, porque son ellos los únicos que pueden y deben generar las condiciones y aportar los recursos, para permitir que lo declarado como un derecho fundamental, sea efectivo.

3.- Responsabilidad de los órganos de la administración del Estado: Saludamos que, en diversos artículos, se releve el rol garante del Estado. No obstante, sigue quedando en un campo de incertidumbre la responsabilidad de cada uno de los órganos de la administración del Estado, respecto de los Derechos reconocidos. Mientras este aspecto no esté resuelto en el articulado, los Ministerios y Servicios no tendrán la obligación de cumplir lo que les corresponde, no existirá la exigencia concreta que haga vinculante sus responsabilidades. Sin esta precisión, la protección administrativa universal será más una intención que una realidad y similar cosa sucederá con la acción intersectorial que ustedes han buscado explicitar en el proyecto del Servicio de Protección Especializada.

 

4.- Protección Administrativa, roles y funciones: Resulta preocupante los niveles de confusión en el Título III sobre la protección administrativa en las Comunas, allí se mezclan responsabilidades de las Oficinas Locales, el Servicio de Protección Especializada y la Subsecretaría de la Niñez.

A nivel del territorio es preciso ser claros: la autoridad que toma medidas administrativas de protección es la Oficina Local, el Servicio aporta los programas y centros requeridos, para el cumplimiento de las medidas dictadas y el Ministerio de Desarrollo Social, vale decir; Ministro, subsecretaría y seremía respectiva, son instancias de apelación y de reclamo de las medidas tomadas, cuando niños, niñas y adultos responsables lo consideran pertinente.

Es muy necesaria la precisión, distinguiendo roles, funciones y responsabilidades, dado que, si así no fuera, la implementación puede llegar a ser muy caótica, tensionando las relaciones entre instituciones las cuales, para hacer efectivo el sistema en la protección de niños y niñas, requieren complementarse y trabajar en un clima de colaboración.

Hacemos notar que, esta precisión en roles, funciones y responsabilidades es también una urgencia para el Título IV sobre institucionalidad, porque allí la generalidad e incluso la obviedad es de tal magnitud que roza el absurdo. Por ejemplo, establece que el servicio de protección especializada tiene por objeto “la protección especializada”, o la Defensoría tendrá por objeto lo señalado, como objeto en la ley de la Defensoría. Por tanto, en este Título IV es fundamental distinguir con precisión el papel de autoridad rectora del Ministerio y sus funciones, es fundamental distinguir con precisión el papel estratégico de autoridad territorial de las Oficinas, así como sus funciones y articulaciones con las otras instituciones, incluyendo las atribuciones sobre los sectores en el territorio para hacer cumplir sus mandatos, es clave establecer y definir los Consejos e instancias de participación que se estructurarán en el sistema, así como los dispositivos de acompañamiento, monitoreo y evaluación requeridos para el cumplimiento de la ley.

5.- Participación activa: Los sistemas de protección integral de derechos de niños y niñas, deben promover y hacer efectiva una intensa y activa participación de la sociedad civil, de las comunidades, de las ONG´s, de las organizaciones sociales y de las organizaciones de niños y niñas. Es a tal punto relevante esta participación, en la configuración e implementación del sistema, que todas las Observaciones Generales del Comité de Derechos del niño de las Naciones Unidas, lo explicitan y ello es así porque, desde esta instancia se tiene muy claro que una reforma tan enorme como esta, requiere alianzas muy amplias y muy sólidas, basadas en la confianza y la colaboración, y requiere del compromiso activo de sectores sociales mayoritarios, para poder llegar a buen puerto. No obstante, constatamos que lo señalado en este articulado es de suma pobreza, hablando allí de que se “propenderá” a la participación, de que se “recogerá sus opiniones” pero, además con un enfoque subyacente donde es la sociedad civil quién debe “colaborar con” la administración. Vale decir, se entiende la participación como un acto pasivo, técnico y completamente subordinado de parte de los organismos de la sociedad civil, hacia los órganos de la administración del Estado. Este enfoque autoritario y tecnocrático no corresponde a una ley de derechos humanos.

Consideramos urgente reponer la propuesta sobre participación que realizamos como Bloque, y que estuvo incorporada en el pre-proyecto en un Párrafo completo con sus respectivos artículos (lo adjuntamos a la carta). La participación activa y efectiva de la sociedad civil y de los niños y niñas, es un factor relevante que permite hacer viable un sistema de protección como el requerido.

6.- Plazos: Hace 30 años que este proyecto debía estar haciendo parte, como ley, de nuestro ordenamiento jurídico. Estamos en el año 2020 y aún seguimos discutiendo sobre sus contenidos y principios fundamentales, mientras la realidad de la niñez nos golpea cotidianamente. Para nuestra sorpresa y haciendo caso omiso del tiempo trascurrido y de las crisis existentes, el Ejecutivo se ha permitido, en los transitorios de este proyecto, instalar un plazo de diez año (¡10!), para la implementación del sistema de protección en los territorios.

El impacto de 10 años más de vulneraciones sin acción preventiva, sin derechos y garantías efectivas, sin sistema de protección en el territorio, sin autoridades realmente responsables son un costo incalculable en la vida de niños y niñas.

La estructuración territorial es el verdadero corazón y motor de todo el sistema a construir, porque es desde el que se instalan las condiciones para llegar antes a las vulneraciones. Por lo mismo, configurar estructuras por arriba, por importantes que sean, no tienen ni de cerca la relevancia, para el conjunto del sistema y para la situación de la niñez, que tiene la estructuración territorial del mismo.

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, el plazo máximo aceptable para una instalación progresiva en las Comunas son tres (3) años. Esto no es exagerado, dado que ya existen en más de 200 Comunas las OPD´s, las que deben ser rediseñadas, transformadas en autoridades de protección y reforzadas en sus presupuestos actuales, pudiendo así y en corto plazo empezar a asumir el rol correspondiente.

7.- Tramitación de este proyecto de ley: No podemos dejar pasar la ocasión para saludar la incorporación, en comisión mixta, de la indicación número once en los transitorios del proyecto del Servicio de Protección, indicación presentada por la Diputada Natalia Castillo y el Diputado Matías Walker y apoyada por la mayoría de vuestra Comisión. La indicación señalada es de la mayor relevancia, dado que condiciona a la aprobación de esta ley de garantías y protección integral, la entrada en vigor del proyecto de ley del Servicio.

Para quienes anhelamos que la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia sea una realidad en nuestro país, este es el camino correcto, porque es necesario, de una vez por todas, que se entienda que sin ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez, desde la que se estructure el sistema, el “nuevo” Servicio, al cual pretenden darle prioridad, está condenado al fracaso.

Agradeciendo de antemano la recepción, le saludan,

VOCERÍA BLOQUE POR LA INFANCIA

Nicole Romo

Francis Valverde

Raquel Morales

José Andrés Murillo

Luis Sepúlveda

Paulina Fernández

Juan Pablo Venegas

Luis Mario Riquelme

Sofía Aliaga

Jorge Martínez