El Bloque por la Infancia, al estar compuesta por tantas y tan diversas organizaciones, ha decidido focalizar sus acciones para lograr los siguientes objetivos, los que llamamos nuestros “intransables” en una ley, sistema de protección y política de infancia:


1
La necesidad imperiosa de llegar a contar con una Ley de Protección Integral que reconozca derechos, que establezca mecanismos claros y explícitos de garantía efectiva de los mismos, configurando así un Sistema Nacional de Promoción, Prevención y Protección Integral de los Derechos de toda la niñez que habita nuestro país. Corresponderá que dicha Ley incorpore, explícitamente, medidas reforzadas de protección para aquellos niños, niñas y adolescentes que nacen y se encuentran en situación de pobreza, así como para la niñez indígena y para la niñez migrante.


2
La existencia en todas las comunas y localidades del país, en coincidencia con la distribución territorial de los tribunales de justicia, de Autoridades de Protección Administrativa de los derechos de la niñez, con atribuciones y potestades que les permita hacer efectivas sus decisiones, coordinaciones y articulaciones, tanto de lo público como de lo privado, según lo requerido por la realidad de los niños, niñas y adolescentes en cada territorio.

Estas condiciones deben estar explicitadas en la Ley de Protección Integral, dándole a esta Autoridad territorial un rol central en el Sistema Nacional de Prevención, Promoción y Protección integral.Estas Autoridades deben responder al Ministerio de Desarrollo Social y específicamente al Ministro.

Esta Autoridad Rectora deberá ser supervisada directamente por el/la Presidente/a de la República. Al mismo tiempo, esta Autoridad Rectora se apoyará en la “Comisión Permanente de Infancia, integrada por el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo”, instancia comprometida por el actual Gobierno en su Programa.
De no establecerse en la ley esta autoridad rectora y la autoridad de protección administrativa en los territorios, la institucionalidad no logrará estar a la altura de lo requerido.


3
La participación protagónica de niños, niñas y adolescentes en todo lo que les concierne, debe estar reconocida en la ley de protección integral y allí debe quedar explícita la responsabilidad que, al respecto, tendrán todas las instituciones públicas o privadas, que entren en relación con ellos/as, garantizando este derecho.
Los niños, niñas y adolescentes deben ser oídos y participar en todo procedimiento administrativo o judicial, de acuerdo a su edad, madurez y nivel de desarrollo y ello deberá estar explícito en la ley de protección integral y en todas las leyes orgánicas de ministerios y servicios públicos.


4
El reconocimiento explícito en la ley de protección integral, del rol relevante y orientado al bien común, de la sociedad civil sin fines de lucro. Este reconocimiento debe implicar la participación efectiva y vinculante en los diseños, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas públicos.
La función pública no puede entenderse solo como obra de un Estado encerrado en sí mismo y que se relaciona con la sociedad civil sin fines de lucro, desde las jerarquías, la representación formal, los controles y las desconfianzas. La sociedad civil organizada es diversa y ha tenido un rol histórico fundamental que debe seguir complementando y fortaleciendo la función pública, por lo tanto es un colaborador relevante del Estado. Al mismo tiempo la actuación, organización, movilización y espíritu crítico de esta sociedad civil organizada y sin fines de lucro, profundiza los necesarios procesos de democratización de nuestra sociedad.


5
Se debe establecer la obligatoriedad, en la ley de protección integral (específicamente en su título sobre institucionalidad de protección de la niñez), de colaboración con la Defensoría de Derechos de la Niñez de parte de todos los órganos del Estado y, muy en particular, de la administración del mismo.
Con la Defensoría de los Derechos de la Niñez, está recién naciendo una nueva institución a la cual le corresponde observar, monitorear y retroalimentar, desde su completa autonomía, el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, de parte del Estado y en específico de toda su administración, así como también de privados que trabajen con la niñez y la adolescencia.

Nosotros, como sociedad civil organizada y sin fines de lucro, nos comprometemos a cuidar y apoyar la autonomía y el rol de esta institución y a retroalimentar, desde nuestras experiencias y aprendizajes, su trascendental labor. Por lo mismo, insistiremos en que, tanto los derechos del niño, el sistema de protección integral y la Defensoría de los Derechos de la Niñez cuenten con rango constitucional”.