PRESENTACIÓN DE LA VOCERÍA DEL BLOQUE POR LA INFANCIA, SOBRE EL
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL “SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN
ESPECIALIZADO”.

18 julio 2017, Comisión de Constitución Cámara de Diputados.

Introducción
El Bloque por la Infancia o, Mesa Temática de Infancia de la Presidencia del Senado, nació en abril del 2012 y es una alianza amplia y transversal de organizaciones no gubernamentales que trabajan en terreno con niños, niñas y sus familias. La mayoría de ellas reciben algún tipo de financiamiento del Estado pero, las hay también las que desarrollan su
labor con recursos que gestionan con empresas o, con personas.
Los ejes estratégicos de esta alianza son: Contar con una Ley de Protección Integral de la Niñez, con los más altos estándares posibles, en línea con la Convención de los Derechos del Niño; Generar una nueva institucionalidad en infancia, donde sea central la generación de autoridades de protección administrativa en todas las comunas del país y el contar con un ente rector al más alto nivel de la administración del Estado; generar un Defensor de la Niñez, autónomo y con atribuciones suficientes, para supervigilar al conjunto de la institucionalidad del Estado en el cumplimiento de los derechos del niños; construir una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil organizada, incluida las organizaciones de niños y niñas, una relación centrada en la colaboración y solidaridad mutuas.

Respecto del Proyecto de ley que nos ocupa: Existe una gran y compleja disyuntiva en relación a crear dos nuevos servicios, sin haber asegurado aún la generación en nuestro país de un sistema de protección integral, que tenga su foco en lo Comunal y Local y sin contar aún con una autoridad central (ente rector), al más alto nivel de la administración del Estado.

¿Porque la relevancia de aquel sistema y autoridad?, porque la crisis
actual tiene su fondo allí. Han transcurrido 27 años sin realizar la reforma
que crearía una protección instalada en cada comuna del país, con autoridad para articular, recepcionar, derivar y organizar todo el sistema de protección a la infancia. La carencia de aquella, así como la de un ente
rector, implicó que toda la tarea quedó concentrada en los instrumentos
existentes previo al año 90, léase, tribunales y Sename.

Si el foco realmente son los Derechos Humanos de todos los niños y niñas, entonces es evidente la necesidad de construir una legislación y una institucionalidad que este a esa altura. Lo que implica además, que cuando
se trata de la niñez gravemente vulnerada, dicha legislación e institucionalidad debe corresponder a un sistema de protección reforzado
en todos sus aspectos. Ese es el camino que cualquier país decente ha
tomado.

Por lo tanto, la generación de dicho sistema de protección integral en
sus diferentes niveles y con los respaldos legales respectivos, es el único
camino que puede permitir abrir posibilidades de efectividad a un nuevo
Servicio Nacional de Protección Especializada, como se le ha llamada a este.
En consecuencia, el presente proyecto de ley debiese reconocer y
explicitar en su articulado, los aspectos que de manera vital, la hacen parte
de dicho sistema.

El problema es que ninguno de los proyectos ingresados, a pesar de
lo señalado por el Ministro de Desarrollo Social en esta Comisión, crean
realmente dicho sistema y, por tanto, volvemos a la disyuntiva planteada al
comenzar.

1.- Puntualizar aspectos del Mensaje Presidencial:
El Mensaje reconoce la necesidad de una reforma profunda a toda la
institucionalidad, de la cual este servicio será una parte pero, no reconoce
que las leyes presentadas no resuelven dicha necesidad.

El Mensaje reconoce el carácter estructural de esas reformas pero,
cuando entra en una definición más precisa de aquello se limita a hablar de
mejorar oferta, mejorar el sistema de transferencias, mejorar gestión. La
única explicitación que permitiría visualizar ese trasfondo más “estructural” en lo dicho, es lo relativo a “mejorar impactos” pero, no se profundiza en ello (todo análisis de impacto implica profundizar en las transformaciones de fondo y de largo alcance que se buscan lograr en la vida de los sujetos involucrados por parte de una determinada política, programa, iniciativa legal, etc.).

El Mensaje establece un cierto “supuesto”, que podría tener que ver
con lo “estructural”, y que dice relación con extraer funciones que hoy
desarrolla SENAME, para “especializarlo”. Es decir, supone que la falta de
especialización se debe a que hay funciones en diagnósticos, promoción de
derechos, prevención y oficinas de protección en las comunas que no
corresponde realizar a este nuevo servicio, para no distraerle recursos de lo
que si le corresponde. Profundizar justamente en lo que le corresponde y lo
que no, podría permitir entrar a comprender mejor lo llamado  estructural”, el punto es que podríamos encontrarnos con la sorpresa de que, lo que se deja fuera, es tanto o más estructural a un sistema de protección integral, que lo que se deja adentro para especializar este nuevo servicio.

El Mensaje nos informa que las funciones que desecharía este nuevo
Servicio irían al sistema de garantías de derechos de la niñez, el problema
es que dicho sistema, como ya vimos arriba, no tiene para cuando crearse.

2. Sobre algunos de los contenidos del Proyecto de Ley :
Sobre los principios explicitados del Servicio, tres de ellos ya están
establecidos en el Título II del proyecto de ley de sistema de garantías,
de modo que no tiene sentido instalarlos aquí dado que, esa otra ley es
un marco doctrinario para esta ley. Además, lo requerido realmente
para la generación de este Servicio es la instalación de principios más
directamente operativos, asociados a la misión del servicio, por ejemplo,
celeridad en los procesos, máxima economía en los procedimientos,
prioridad en el niño, pertinencia en la acción, alianza estratégica con la
intersectorialidad, alianza estratégica con los organismos no
gubernamentales, etc., etc.

Como enfoque del Servicio, no se explicita la llamada “Doctrina de
Protección Integral”, la cuál es ampliamente aceptada en nuestro
continente y desde la cual es posible afinar presiciones importantes
para el diseño de un servicio de estas características (adjuntamos
esquema). Aprovechamos de señalar que dicho enfoque, tampoco ha
estado explícito en los otros proyectos de ley presentados por el
Ejecutivo, por lo cual podríamos suponer que no es compartido.

El articulado habla de que este será un servicio público descentralizado pero, no se explicita en parte alguna en qué consistirá aquello, porque en rigor todo lo propuesto sobre su organización, es muy similar a lo existente hoy en SENAME.

Creemos que se requiere que, explictamente, el artículado establezca, a
lo menos, la existencia de un Manual de Delegación de Atribuciones del
Director Nacional, como fue propuesto en su momento el año 2009, en
los informes sobre el rediseño del SENAME que en ese periodo se
trabajaron.
Se especifican 6 causales de ingreso al Servicio, lo que restringiría a
esas causales la derivación de un niño o niña gravemente vulnerada en
sus derechos. Nos preguntamos ¿qué pasaría si la realidad conduce a
otras causales, como sucede todos los días?, ¿no podrán ingresar los
niños?.

De pasada, lo anterior obvía un aspecto y es que la derivación al servicio depende hoy y, seguirá dependiendo mañana, de las autoridades competentes, leáse autoridades de carácter administrativo y/o judicial, lo que significa que no depende del Servicio, por lo mismo, precisar causales por sí y ante sí no parece pertinente. Además de rigidizar el sistema, augura una tensión permanente con dichas autoridades, las que van a hacer valer sus prerrogativas, para hacer exigible el ingreso, coincida o nó con las causales explicitadas.

Como veíamos en el Mensaje, el articulado plantea que ciertas líneas de Acción se eliminan en el nuevo Servicio así, desaparecerían Prevención, Promoción, OPD y Diagnósticos. De hecho, no se les considera en los presupuestos, vale decir, no se les incorpora en las modificaciones que se le hacen a la Ley 20.032.

Consideramos que esta es un decisión que no esta mirando el sistema en
su conjunto, sólo está pensado en extraer recursos para reorientarlos a
financiar el nuevo Servicio. El problema es que, esas modalidades son
absolutamente necesarias en un sistema de protección integral a nivel
territorial. Dado que no se ve por donde se va a lograr instalar dicho
sistema, dejarlas fuera de este servicio es sencillamente empezar a borrarlas porque; ¿qué sentido tendría que ahora ya, la actual dirección
de SENAME o la que venga, se preocupe de los presupuestos de esas
líneas si no van a ser parte del servicio futuro?.

Lo explicitado en el Mensaje y lo establecido en el articulado han dejado
todo el trabajo de esas líneas de acción en la mayor de las fragilidades.
Nos preguntamos: ¿No hubiera sido más acertado, mantenerlas e incluso
reforzarlas, para dejar explícitamente establecido en el articulado del
proyecto de ley del Servicio, su futura transferencia al sistema correspondiente?, ¿no era eso una muestra de la coherencia de este
nuevo Servicio con el Sistema de Protección Integral a construir y del
cual será parte y, sobre todo, el principal beneficiado, además de los
niños y niñas?. Digámoslo, es el principal beneficiado porque la
existencia de ese sistema le da viabilidad al Servicio nuevo, en caso
contrario vamos a repetir la historia de Sename, con otro nombre.

La mayoría de las mejoras en gestión y en lo técnico sólo son enunciadas muy telegráficamente (por ejemplo, constatamos esto respecto de organización, acreditación, evaluación, supervisión), para señalar luego que cada una de ellas irán a reglamento. Sólo lo relativo al sistema de información tiene un desarrollo mayor.

Consideramos necesario profundizar mucho más en esos aspectos,
estableciendo un diseño básico de lo que se espera, cosa que pueda
empezar a operar al momento que se inicie la implementación efectiva
de la ley, sino lo que se tendrá serán improvisaciones y/o, una larga
espera, para que salga algún día el reglamento.

El consiguiente riesgo de esta situación es que, dada la enorme vaguedad de esos contenidos, lo que finalmente se instale por parte del Ejecutivo de turno en dicho Reglamento, difiera del sentido que se le quiso dar en esta ley.

Además, estamos frente al accionar de un Estado que lleva 27 años deliberando sobre si reconoce o no los derechos de los niños y sobre si
genera o no la institucionalidad que los haga efectivos, mientras en el
intertanto todo se ha ido demostrando inadecuado y sobrepasado. Sin
embargo, ahora se supone que ese mismo Estado va a disponer de la
acreditación de las instituciones no gubernamentales, la pregunta es ¿y
quién acredita a un acreditador que ha tenido tal nivel y tan largo
tiempo de negligencia en relación a la infancia?.

Paradojalmente, donde sí el Ejecutivo se ha permitido un importante
desarrollo en el articulado es en lo relativo a sanciones y a normas sobre
“administración provisional” de los “prestadores”. Vale decir, donde si
hay mucha reflexión es en la búsqueda por profundizar las lógicas de
control y de sanción, hacia el mundo de los organismos no gubernamentales sin fines de lucro y ello por sobre la construcción de
relaciones de solidaridad mutua, base de toda alianza estratégica
fecunda.

Esto resulta coherente con la definición de “prestadores de servicios”,
respecto del mundo de las ONG´s, que se realiza en el articulado del
proyecto de ley aunque, claro está, no se extraen todas las implicancias
que ello puede llegar a tener a futuro.

Esta es una muy lamentable deriva, viniendo de un Gobierno que se
considera progresista y “ciudadano”. Es sabido que, desde distintas instancias internacionales (ONU, Comité de Derechos del Niño, Instituto Interamericano del Niño, PNUD, etc.) siempre se ha postulado una relación fundada en la cooperación mutua, entre el Estado (garante principal) y el mundo de la sociedad civil organizada (co-garante). A ello responden nociones como el partenariat1 (asociación, alianza, cooperación), que podemos encontrar en la experiencia de Francia, Alemania, Inglaterra, EEUU, Italia, España, e incluso en gran parte de América Latina. El presente proyecto, busca quebrar con esa concepción de alianza, para ver a los organismos de la sociedad civil como simples “proveedores”.

El quiebre queda además expresado en que, el articulado del proyecto
de ley, borra completamente la existencia del Consejo Consultivo adscrito a la Dirección Nacional del Servicio, tanto de los organismos colaboradores como de las organizaciones de niños y niñas. Con esto se da un paso atrás en las alianzas forjadas con años de esfuerzo.

La profunda cegera que hay detrás de este giro, es que se desconoce que
los más importantes aportes, las mayores innovaciones en este campos
de la infancia pero, también en muchos otros; medio ambiente, adulto
mayor, etnias, discapacidad, desarrollo local, protección de los animales,

En inglés es el “partnership”, en alemán es el “partnerschaft”, en italiano es la “comparticipazione”. etc. provienen del mundo de los organismos sin fines de lucro de la sociedad civil, que trabajan en los territorios y que colaboran con el Estado.

Esta interacción positiva es valorada en la mayor parte del mundo,
porque fortalece procesos democráticos, porque canaliza crítica e
inquietudes sociales, porque posibilita reforzar la pertinencia de lo que
se hace, porque insuma a los diseños de la política pública, porque hace
más eficiente y efectiva la inversión, porque permite al Estado una
interacción fecunda con el mundo de lo social.

Debemos decirlo y alertar, que el camino por el cual se opta en este
proyecto de ley, es el camino de las relaciones autoritarias desde el
Estado hacia el mundo de las organizaciones no gubernamentales
que trabajan con infancia.

Se “modifica” la Ley 20.032, reduciendo las Líneas de Acción y
explicitando nuevas bandas de USPE (valor base) pero, en realidad se
extrae todo aquello que es clave como programas, para un sistema de
protección integral y, en relación a los valores, sólo se modifica al alza lo
de Residencias, el resto queda igual que en la ley actual.

Un aspecto preocupante es que, se explicita en el transitorio primero,
un año de plazo para normar, regulando las materias relativas a:
personal, traspasos, fecha de entrada en vigencia del articulado
permanente y de las modificaciones de la 20.032.

Lo anterior implica que, en vez de 4 años de instalación con los
presupuestos establecidos y que está explicitado en el articulado, se
agrega este otro años más, entonces la instalación de este servicio
llevaría 5 años, de hecho. Además, si consideramos lo dicho al final del
articulado, respecto de que el Presidente de la República en ejercicio
podrá determinar realmente “la fecha de entrada en vigencia del
articulado permanente de esta ley y de las modificaciones a la ley Nº
20032, de las plantas que fije, del traspaso y del encasillamiento que se
practique y de la iniciación de actividades del Servicio Nacional de
Protección Especializada de Niños y niñas”, entonces podemos inducir
que este transitorio deja literalmente en manos del Ejecutivo de turno la
implementación real de este nuevo Servicio.

Esperamos que la intención haya sido la de acortar los plazos y no la de
dilatarlos por sobre los 5 años ya constatados (y constatados sin
considerar aún que, recién en estos días se inicia la discusión de este
proyecto y que, de aquí a que se apruebe y se publique, puede llevar aún
bastante tiempo más).

Se establece un aumento de presupuesto a 4 años de 48.050 millones
de pesos, de los cuales 6.698 irá a personal de SENAME y 2.138 a bienes
y servicios de consumo del SENAME, restán M$35.734 para mejorar
Líneas de Acción (Residencias) en las colaboradoras.

Si consideramos que los déficit para los organismos colaboradores se
mueven entre un 30 a 60 por ciento, según modalidad y, si consideramos que el proceso tomará uno 5 años plazos, luego de tramitada y publicada la ley, es muy probable que el déficit para entonces, se haya multiplicado y que el aumento proyectado se haya ido entre los dedos. Más grave aún sería si, al cabo de dicho plazo no se hubiere estructurado un sistema de protección integral en el país, porque allí, ningún aumento aguantará.

Se establece en un artículo, el 32, la prioridad que, 4 Ministerios y 2
Servicios, deben dar a las solicitudes que recepcionan desde el Servicio.
Siendo esta iniciativa muy valorable, es necesario que se articule y se
haga coherente con lo que se establezca al respecto, en la ley del sistema
de garantías y en la ley que crea la Subsecretaría de la niñez, dado que,
en los hechos, la primera debiese regular todo esto con precisión y la
segunda, desde la autoridad rectora, leáse; el Ministro de Desarrollo Social, debiese explicitar en sus funciones el monitorear y hacer exigible lo establecido (porque claramente, no podría este Servicio hacerlo exigible por sí mismo).

VOCERIA DEL BLOQUE POR LA INFANCIA
Nury Gajardo, Francis Valverde, Nicole Romo, Alejandra Riveros,
José Andrés Murillo y Jorge Martinez.